Fundación Mavid Carabobo

Por Mabel Sarmiento Garmendia.

Este 4 de diciembre se realizó el foro “VIH en el contexto de la emergencia humanitaria en Venezuela” organizado por la Red Venezolana de Gente Positiva (RVG+) y Acción Ciudadana Contra el SIDA, ACCSI, en el marco del Día Mundial de Acción Contra el SIDA.

José Moya, representante de la Organización Panamericana de la Salud en Venezuela dio un espaldarazo a las organizaciones civiles, pues gracias al esfuerzo por informar y documentar la crisis humanitaria en el país, se consolidó el Plan Maestro.

Caracas, 16/12/2018. Diciembre, mes enmarcado en la alegría, llegó sombrío para las personas con VIH. Esperaban que el gobierno de Nicolás Maduro diera pasos agigantados en materia de dotación y entrega de antirretrovirales y de reactivos para las pruebas diagnósticas.

No fue así y el escenario, si dependiera solo del Estado sería más crítico para los más de 70 mil portadores que registran las organizaciones no gubernamentales.

No obstante, el pasado 4 se realizó el foro “VIH en el contexto de la emergencia humanitaria en Venezuela” organizado por la Red Venezolana de Gente Positiva (RVG+) y Acción Ciudadana Contra el SIDA, ACCSI, en el marco del Día Mundial de Acción Contra el SIDA, y en ese espacio se anunciaron buenas noticias: Regina López, epidemióloga y representante de ONUSIDA, dijo que llegarán al país 77.000 frascos de Viraday provenientes de donaciones.

Esto mientras se activa el Plan Maestro para el fortalecimiento de la respuesta al VIH, tuberculosis y malaria, una estrategia en salud que se ideó a mediados de año, para definir prioridades y coordinar el apoyo de la cooperación técnica internacional frente a las epidemias de SIDA, tuberculosis y malaria.

El Plan Maestro salió luego del contacto de la doctora Carissa Etienne, directora ejecutiva de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), con las organizaciones civiles venezolanas para intercambiar puntos de vista acerca de la situación de la salud.

En esa reunión, que se dio el 15 de junio, se le dijo que el país está en una crisis muy grave y ella se comprometió a aumentar el capital humano de su oficina en Caracas de 16 a 31 personas y apoyar planes específicos, como el Plan Maestro, respaldado por el Fondo Global de la Lucha contra el SIDA, el cual tendrá una duración de tres años.

La misión técnica de OPS y ONUSIDA realizada en Caracas entre el 18 al 22 de julio de 2018, se instaló con la participación de representantes del Ministerio del Poder Popular para la Salud y donde fueron consultados la sociedad civil, la Sociedad Venezolana de Infectología y otros representantes del gremio médico. El resultado de esta misión técnica es el Plan Maestro para el fortalecimiento de la respuesta al VIH, tuberculosis y malaria, para garantizar la continuidad del acceso a servicios de salud integrales y efectivos, medicamentos y seguimiento de laboratorio adecuado, para maximizar la efectividad de los programas de prevención y control de estas enfermedades, minimizar el riesgo de aparición y transmisión de la resistencia y asegurar la sostenibilidad en la provisión de servicios esenciales desde una perspectiva de salud pública.

El presupuesto total para desarrollar el Plan Maestro supera los 122 millones de dólares, de los cuales ya el Fondo Global donó 5 millones de divisas, que se estima llegarán en marzo del año entrante para garantizar la entrega de los protocolos de medicinas por un período de tres meses.

Falta que el Gobierno ponga 28 millones de dólares para dar inicio al Plan Maestro.

Mientras tanto, para atender la emergencia, se están haciendo gestiones con AID FOR AIDS y otras organizaciones de la sociedad civil del ámbito internacional que canalizan las entregas a través de ONUSIDA. Así es como van a entrar los 77.000 frascos de Viraday, según informó la doctora López.

Toda esa información la dio durante su exposición, ante un auditorio de más de 40 personas, portadoras del virus, familiares y defensores del derecho a la salud.

En ese mismo espacio compartió con José Moya, representante en Caracas de la OPS, quien adelantó que hay 20 países que quieren colaborar con Venezuela.

Solo espera que el Gobierno avance en la entrega de los recursos para completar los medicamentos necesarios para malaria, tuberculosis y VIH-SIDA.

Moya, en su intervención dio un espaldarazo a las organizaciones civiles, pues gracias al esfuerzo por informar y documentar la crisis humanitaria en el país, se consolidó el Plan Maestro.

Violación de la Constitución

Antes de la presentación de la doctora López, Eduardo Franco, secretario de RVG+, tuvo la oportunidad de exponer casos evidentes de las violaciones a los derechos consagrados en la Constitución bolivariana.

Citó que no se cumplen el artículo 83: “La salud es un derecho social fundamental, obligación del Estado, que lo garantizará como parte del derecho a la vida. El Estado promoverá y desarrollará políticas orientadas a elevar la calidad de vida, el bienestar colectivo y el acceso a los servicios. Todas las personas tienen derecho a la protección de la salud, así como el deber de participar activamente en su promoción y defensa, y el de cumplir con las medidas sanitarias y de saneamiento que establezca la ley, de conformidad con los tratados y convenios internacionales suscritos y ratificados por la República”.

Y el 84: “Para garantizar el derecho a la salud, el Estado creará, ejercerá la rectoría y gestionará un sistema público nacional de salud, de carácter intersectorial, descentralizado y participativo, integrado al sistema de seguridad social, regido por los principios de gratuidad, universalidad, integralidad, equidad, integración social y solidaridad. El sistema público nacional de salud dará prioridad a la promoción de la salud y a la prevención de las enfermedades, garantizando tratamiento oportuno y rehabilitación de calidad. Los bienes y servicios públicos de salud son propiedad del Estado y no podrán ser privatizados. La comunidad organizada tiene el derecho y el deber de participar en la toma de decisiones sobre la planificación, ejecución y control de la política específica en las instituciones públicas de salud”.

“Se viola, se vulnera 100% el derecho a la salud. Los ciudadanos andan en una carrera para subsistir, la gente se está yendo de Venezuela, migran para salvar sus vidas. La cantidad de personas que fallecen no es normal, es como si estuviéramos en una guerra. Estamos en un país que es rico y la gente no tiene los antirretrovirales para el VIH”.

Franco, quien mostró testimonios de jóvenes profesionales que murieron recientemente ya con la patología SIDA, pidió a la comunidad internacional ayuda para evitar más muertes. “Salvemos a estas personas. Cuántas tienen que morir, hace falta más sensibilidad y voluntad política. Se van de este mundo sufriendo por el sarcoma de kaposi, una enfermedad que no veíamos desde hace mucho tiempo”.

Su planteamiento lo acompañó de cifras recientes del comportamiento del VIH. Por ejemplo, en Amazonas reportan 671 contagios, en Anzoátegui 3.581, en Delta Amacuro 249, en Distrito Capital 20.304 y en Zulia 69.677.

Franco se paró sobre las estadísticas de Delta Amacuro. ¿Son 249 en total?, dijo. “Ahí están dejando por fuera a nuestros indígenas, que están desprovistos y a los que no les está llegando ningún tipo de ayuda porque no hay acceso hasta sus comunidades. El Estado venezolano los está condenando a muerte”.

Lo que contó fue el drama que viven a diario y que no es escuchado por las autoridades. En sus casi 20 minutos de exposición tuvo tiempo para recordar la protesta que escenificaron el pasado 18 de abril en las puertas del Ministerio para la Salud, ubicado en la plaza Caracas, cuando a las personas con VIH, aún en estado crítico, le enviaron a la Policía Nacional Bolivariana, PNB. Represión en vez de respuestas.

También denunció que a los que fallecen de SIDA no los aceptan en las funerarias. Por esa misma fecha de la protesta tenían a 16 personas (6 de ellas mujeres) en la morgue de Valencia, estaban envueltas en cal esperando cristiana sepultura.

Entonces no solo es la falta de medicamentos, es la ausencia de asistencia social. No los atienen en la red pública, no los reciben en las funerarias, “los están discriminando”.

Traspasar las fronteras

Por esas causas fue que la sociedad civil se activó. “La salud no es un regalo del Estado, es su obligación garantizarla. El ex ministro Luis López, quien estuvo en la cartera desde mayo de 2017 hasta junio de 2018, debería estar preso porque escondió medicamentos y se gastó cinco millones de dólares en la remodelación de su despacho”, sentenció Franco.

Luego de su partición, Alberto Nieves, director Ejecutivo de ACCSI, habló sobre la existencia de un marco legal que blinda los Derechos Humanos.

Recordó que desde 1997 la organización que representa está en las calles protestando. 15 solicitudes de amparo llegaron a introducir.

El 15 de julio de 1999 se produce un mandato constitucional. Se declaró con lugar el amparo mediante el cual se acuerda ordenar al Ministerio de Sanidad y Asistencia Social, MSAS, la entrega de los medicamentos antirretrovirales, medicinas para las enfermedades oportunistas, realización de exámenes, implementación de campañas de información y divulgación, así como de asistencia a favor de las personas con VIH y SIDA de Venezuela.

En 2000 se hace el Programa Nacional de SIDA, con el que se logró avanzar más en la atención. Contó Nieves que llegó al país tecnología de avanzada y las primeras máquinas de genotipo. En la región éramos el tercer país con estos beneficios. La mortalidad disminuyó considerablemente, dijo.

A partir de 2012 comienza a tambalearse el programa. “Y es en 2016 cuando comienza a ocultarse datos del virus. En 2017 no hubo registro oficial y mucho menos en 2018. Se presenta desabastecimiento de antirretrovirales de más de 90% y en algunos estados como Sucre de 100%, no hay reactivos para las pruebas diagnósticas y lo peor es que el Estado, con esta bomba de tiempo en sus manos, no acepta los mecanismos de ayuda internacional, niega la emergencia humanitaria”.

En 2016 la Red Venezolana de Gente Positiva fue ante el Fondo Global de lucha contra el SIDA, tuberculosis y malaria a pedir ayuda, pero por ser un país petrolero no entraba en el rango de la cooperación. Esa fue la respuesta que le dieron siete meses después.

“Empezamos a hacer articulación con otras organizaciones en el exterior y este año se logró que establecieran una política para ayudar a países no elegibles que se encuentren en situación de crisis. Lo malo es que el Fondo Global nos ubicó en el mismo rango que tiene Siria en cuanto a emergencias. Sin embargo, se organizó una misión técnica a mitad de año, en la cual participó la jefa del Programa Nacional de SIDA (quien reconoció no tener la información necesaria), la OPS y ONUSIDA. De ahí salió el Plan Maestro y el Fondo decidió donar 5 millones de dólares para las enfermedades tuberculosis, VIH-SIDA y malaria. Dinero que será destinado a la compra de los antirretrovirales, de reactivos, de equipos para laboratorios y apoyo al monitoreo social basado en el trabajo de la red”, explicó.

Nieves recalcó que desde 2010 levantan un monitoreo de antirretrovirales y para la fecha del total de 27 solo se consiguen seis; insistió en el desmejoramiento de la población y en los problemas de alimentación.

Medidas cautelares

Pero no solo estaba gestándose el Plan Maestro en esta lucha. Luego de hacer seguimiento, denunciar y documentar, 364 personas con la patología, representadas por Feliciano Reyna, Andrea Bret Nuñez Jesús, Natasha Saturno de la organización Acción Solidaria-; Eduardo Franco de la Fundación Manos Amigas por la Vida; Beatriz Borges del Centro de Justicia y Paz; Eric Carlos Patiño, Marino Alvarado y Rafael Uzcátegui del Programa Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea); José Alfredo Toro y José Antonio Espinoza Soteldo de la Fundación Arcoíris por la Vida; Alberto Nieves de ACCSI y Mary Ann Torres de ICASO, fueron llevadas el pasado 22 de febrero de este año ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una solicitud de medidas cautelares, instando a la comisión que requiera a Venezuela la adopción de las medidas necesarias para la protección de los derechos de los ciudadanos con el virus.

Natasha Saturno y Juan Manuel Rodríguez, abogados de Acción Solidaria, tuvieron la oportunidad de hablar en el foro sobre las acciones propulsadas que, al final, terminaron siendo garantías para 43 personas, que actualmente atraviesan serias dificultades debido a la negligencia del Estado venezolano en la entrega de los medicamentos.

Del público asistente, un portador de nombre Etnio preguntó si era posible ampliar las garantías al resto de los pacientes.

A lo que Saturno enfatizó que el camino no está agotado y que la meta es lograr el beneficio para los 364 casos consignados.

“Resulta que estos 43 estaban muy bien documentados, con pruebas comprobadas antes y después de la desaparición de los medicamentos. Pero eso no dice que el trabajo terminó, estamos haciendo lo propio con los otros expedientes y la meta es que la protección se expanda a todos los vulnerados”, explicó la abogada.

Escasez de pruebas diagnósticas

En el foro, emarcado dentro del Día Mundial de la lucha contra el SIDA, el pool de ponentes expuso claramente cómo ha sido el desarrollo de esta crisis humanitaria sin precedentes en el país. A Luisa Kislinger, internacionalista y exdiplomática, quien lidera la organización Mujeres en Línea, no le tocó fácil.

Habló de cómo la mujer se ha visto afectada en medio de esta emergencia. No tienen acceso a las terapia antirretrovirales, a pruebas diagnósticas, no tienen fórmulas lácteas para prevenir la transmisión vertical de la madre a hijo tras el nacimiento.

“Además, deben enfrentar el estigma y la discriminación en establecimiento de salud”. La especialista presentó datos parciales de un estudio hecho en 8 estados del país, el cual demostró que la mujer con VIH está exacerbada. No tiene alimentos con nutrientes, no tiene pasaje para trasladarse a sus consultas y cuando está en el hospital —donde no hay agua para su debida atención— es la última en ser atendida.

Citó cifras del Plan Maestro, donde se menciona que para 2007 la incidencia del VIH en mujeres era de 20 % y para 2015 subió a 38 %. “Y la respuesta gubernamental a esta situación ha sido tardía e insuficiente”.

¿Letra muerta?

El evento que duró cuatro horas se realizó en la sala Cabrujas de Los Palos Grandes. Una actividad cargada de noticias, de reflexiones y en donde se despejó la crisis actual de los venezolanos que viven con este virus, quienes gozan incluso del amparo legislativo de la Ley de Protección de Personas con VIH y sus familiares, sancionada hace cuatro años por la Asamblea Nacional, AN.

Ese punto en específico correspondió a los abogados Jesús Cáceres, de ACOVIH Portuguesa y a José Espinoza de Arcoiris por la Vida, quienes dejaron claro que si los ciudadanos se no empoderan del texto legal, no disminuirán los casos de discriminación.

De hecho, fue Espinoza quien comentó que la ley actualmente es letra muerta, precisamente porque no está arraigada en la sociedad.

Son muy pocos los que conocen el documento y, por tanto, la mayoría afectada no puede hacer valer sus derechos.

Ante las inquietudes de César, otro portador invitado, sobre las presiones laborales a la hora de hacer los exámenes de ingreso, Espinoza informó que toda persona puede exigir ver el resultado, así haya firmado una hoja de ingreso y que por tener VIH no puede ser rechazado.

Ya cercano a las 1:30 p.m. de ese martes de diciembre se daba paso a una conversación amena entre las que se tejieron lazos de solidaridad entre los afectados, sus grupos de apoyo y las organizaciones civiles que se comprometieron a insistir en la aplicación del Plan Maestro, como la hoja de ruta para mantener a raya el virus VIH, que hoy en día está traspasando nuestras fronteras con la obligada diáspora impuesta por la nefastas políticas económicas y asistenciales del gobierno de Nicolás Maduro.

 Fuente: https://www.accsi.org.ve